Estas dos luchas, señaló, de la vivienda digna y decorosa y la libertad de falsos culpables, ponen al desnudo lo podrido y corrupto del Sistema Jurídico Mexicano, que por una parte a compradores de vivienda de buena fe y mediante el Fraude Procesal nos quitan nuestras viviendas, y por otro lado utilizando la fuerza del estado se detienen arbitrariamente a inocentes para presentarlos ante el ministerio público, y fabricarles sin ninguna limitación los delitos de alto impacto que hemos descrito.
“La unión de estas luchas nos tienen concentrados hoy aquí para pedirle al Fiscal Alejandro Gertz Manero, que como víctimas se nos haga justicia y que se deje de proteger dentro de las cavernas de la impunidad de los ministerios públicos estos verdaderos delincuentes que llevaron a la país a una inseguridad insostenible”, expresó.
El activista puntualizo que se criminaliza a los ciudadanos que recurrimos a los Tribunales constitucionalmente establecidos, para luchar por que se respeten los derechos humanos a la vivienda digna y a la libertad para no fabricar falsos culpables que paguen condenas por delitos que no cometieron.
El FMDVD, dijo, logró en estos últimos diez años defender en los Tribunales Civiles, que se respetara el cumplimiento de los contratos que pactamos con empresas constructoras e hipotecarias, ganamos miles de recursos jurídicos en las tres Instancias, acreditando que los contratos que firmamos de buena fe tenían insuficiencias e incumplimientos desde que firmamos por parte de Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), que con recursos públicos federales le otorgó recursos a las Sofoles, Sofomex o Hipotecarias, para que nos prestaran créditos sobrevaluados.
Puntualizó que estos Intermediarios Financieros le pagaron a las constructoras, como URBI, GEO, ARA, SADASI, HOMEX, Promotora de Viviendas Integrales, Que Desarrolladora entre otras créditos sobrevaluados, provocando con esto, que a través del endeudamiento público SHF se convirtiera en la columna vertebral del Mega Fraude Hipotecario e Inmobiliario en México, junto con el INFONAVIT y FOVISSSTE, a través de la figura del cofinanciamiento defraudaran a más de 10 millones de familias Mexicanas en el otorgamiento de créditos hipotecarios sobrevaluados, que son impagables.
Es importante señalar que en veinte años de crisis hipotecarias permanentes, el FMDVD dio a conocer el Mega Fraude Hipotecario e Inmobiliario en México, que ha tenido un costo para el país de más de 1 billón, 300 mil millones de pesos, siendo responsables principalmente los expresidentes de la República Mexicana Vicente Fox Quezada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.
El litigante explicó que el Mega Fraude Hipotecario e Inmobiliario en México está acreditado en la AP/PGR/UEIDCSPCAJ/SP/M-XV/032/2011, radicada en la Fiscalía General de la República, antes PGR y acaba de cumplir nueve años, tiempo en el cual diversos ministerios públicos de la federación han actuado de manera omisa e impune, para no consignar a servidores públicos, titulares de SHF, INFONAVIT y FOVISSSTE, así como a los Consejos de Administración de las Empresas que se han descrito con anterioridad.
Indicó que ha quedado demostrando que el sector hipotecario e inmobiliario es un espacio de corrupción, que “no se ha querido investigar por los grupos de interés que aún tienen poder y han venido influyendo al seno de la Fiscalía General de la República para que no se ejercite la Acción Penal.
Estos grupos me llevaron a la prisión el pasado 4 de noviembre del 2015, fabricándome cuatro Carpetas de Investigación y Administrativas en las que se decretaron mi total inocencia por los supuestos delitos de robo con violencia y extorsión, obteniendo mi libertad el pasado 29 de enero de la presente anualidad.
En este sentido y estando en prisión seguí defendiendo el derecho humano a la vivienda digna y decorosa pero también desde el Interior del Penal de Chiconautla, formamos el 8 de enero de 2016 la organización PIDH.
PIDH logró dar a conocer lo que son los falsos culpables en México, desde una visión de la prisión a través de lo que se dio a conocer como “La revolución azul”, lucha pacífica que desde el interior del Penal de Chiconautla acreditamos que exgobernadores desviaron los recursos federales del Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública (FASP), para no instalar el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y que le ha costado al país más de 85 mil millones de pesos, siendo el Estado de México al que mayor recursos se le otorgaron.
Los principales responsables de dar cumplimiento al Decreto del 18 de junio del 2008 de la Reforma de Seguridad y Justicia, para instalar el Sistema de Justicia Penal Acusatorio son Felipe Calderón Hinojosa y Genaro García Luna, mucho se ha hablado de los daños colaterales que provocó la fallida guerra contra el narco tráfico, como la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales, los homicidios, pero no se ha hablado de los miles de falsos culpables, que ante la falta de la instalación y consolidación del Sistema de Justicia Pernal Acusatorio.
Detalló que estos falsos culpables "están en prisión por delitos que no cometieron", y por eso "es muy grave" que el estado empleando su fuerza pública aplica detenciones arbitrarias para llevar a inocentes a prisión y fabricarles delitos de los llamados de alto impacto, como homicidio, secuestro, violación, delincuencia organizada, feminicidios, trata de personas y diversos robos con modificativa de violencia que nunca se cometieron.
Cabe destacar que no obstante que al Estado de México se le otorgó más de 6 mil millones de pesos del FASP para la instalación y consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, a doce años de este fracaso en el Estado de México como en el resto de país, no existen operadores de justicia mínimos que hayan sido certificados como lo marca la Constitución, principalmente ministerios públicos, policías y peritos.
Por lo anterior ante la falta de la certificación constitucional, estos han fabricado miles de carpetas a falsos culpables por los delitos llamados de alto impacto siendo inocentes, el gobierno estatal desvió los recursos del FASP, para la estafa maestra, concretamente la desviación de más de mil 200 millones de pesos del Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia (IMSJ).
Desde el pasado 18 de octubre del 2017 presentamos ante esta Representación Social de la Federación la denuncia penal servidores públicos mexiquenses de haber desviado y no instalado el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, sin embargo, la Fiscalía General de la República desde el 18 de octubre de 2017, nunca nos ha notificado, estando en prisión y hoy en libertad del número de carpeta de investigación, ni mucho menos la etapa procesal, que debería de haber concluido con la sentencia condenatoria de los principales responsables, de no haber aplicado los recursos federales en la Instalación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
PIDH es la única organización que presento en la LX Legislatura del Estado de México la Incitativa Ciudadana de la “Ley de Amnistía del Estado de México”, en donde se define claramente que deberán de incluirse a los falsos culpables por delitos graves que no cometieron como homicidio, secuestro, violación, delincuencia organizada, trata de personas, feminicidios y los diversos robos con la modificativa de violencia por haber utilizado armas.
Los falsos culpables son el resultado de no haber instalado y
consolidado el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, por falta de operadores de
justicia en las Instituciones de Seguridad Pública y por ello fabricar carpetas
para tener a más de 14 mil inocentes en las prisiones del Estado de México.
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