(Segunda y última parte)
Por José Humbertus Pérez Espinoza
Como señalamos en la primera parte de este artículo los “Colectivos” Zeferino Ladrillero, Haz Valer mi Libertad, el grupo de extorsionadores y estafadores “Todos por la Libertad”, desde los días 11 y 14 de junio de 2021 sus solicitudes de amnistía fueron desechadas por jueces de ejecución y resolvieron que eran notoriamente improcedentes, y en los días 16 de julio y 30 de agosto de 2021 perdieron en los juzgados de distrito los amparos indirectos.
Esto llevo el pasado 29 de julio de 2021 a los diputados Max Correa Hernández presidente de la Comisión Especial en Materia de Amnistía y al Vocal Enrique Sepúlveda (que no todos los diputados que integran la citada Comisión) y la Secretaría Técnica Raquel del Consuelo Gómez Méndez, a reunirse con Jorge Olvera García titular de la CODHEM, para evaluar su “fallida estrategia jurídica de las solicitudes de amnistía” y para privilegiar a los “Colectivos” que solo lucraron con la Ley de Amnistía del Estado de México.
Para esas fechas el 31 de julio de 2021, sabiendo de su derrota jurídica Zeferino Ladrillero anunció que Antonio Lara Duque se inscribía como candidato para presidir la CODHEM, y desde esa posición en el fondo lo que buscaban era ocultar como utilizar el organismo público para beneficiar a los “Colectivos” e institucionalizar la manipulación de la Ley de Amnistía.
Los “Colectivos” habían negociado en lo oscurito resolver solo sus casos y justificar su llagada a CODHEM con lo acuerdos previos que llegaron con el titular Jorge Olvera García y ocultar como lucraban y extorsionaban a las familias, que las obligaron contra su dignidad a los familiares de los PPL´s a raparse la cabeza, extraerles sangre, realizar huelgas de hambre, cabalgatas, vestirse de fiestas patrias, entre otras, formas de manipulación.
El 13 de agosto de 2021 la maestra Myrna Araceli García Morón fue nombrada por el Pleno de LX Legislatura del Estado de México como titular de la CODHEM, hasta el final el diputado Max Correa presidente de la Comisión de Amnistía solicitó al pleno incluir el nombre de Antonio Lara Duque como representante de la “sociedad civil organizada”, la propuesta fue desechada, la respuesta de una parte de los estrategas de negociar en lo oscurito las 25 solicitudes de amnistía, fue rechazar el nombramiento con diez votos de diputadas y diputados en contra de la nueva titular de la CODHEM.
Antonio Lara Duque, Fabiola Vite Torres del Colectivo Zeferino Ladrillero, los hermanos Oscar y Cesar Hernández Neri de “Haz Valer Mi Libertad”, María de los Ángeles García Zambrano del membrete Todos por la Libertad lucraron y manipularon la Ley de Amnistía, nunca le hablaron con la verdad a los familiares de los PPL’s y menos les informaron; solo por citar algunos nombres de una centenar de casos de estos “Colectivos” que les negaron la amnistía la Fiscalía General de Justicia del Estado de México expediente: NUS: 137/2021, nombre Joel Arias Estrada, delito Homicidio, NUS 143/2021, Jorge Daniel Juárez Vargas, Homicidio Calificado y NUS: 139/2021, Cristóbal Juárez Pérez, delito Secuestro.
La información antes citada esta integrada en el oficio número 400LJA000/364/2022, de fecha 05 de septiembre 2022 firmado por la Lic. Maricela Xicoténcatl Elíazaga de la Fiscalía Central Jurídica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y dirigida al diputado Sergio García Sosa Presidente de la Comisión de Amnistía del Estado de México.
En el caso Todos por la Libertad, sin tener personalidad jurídica extorsionaron y lucraron con los PPL`s del penal de Chiconautla cuya lista es muy numerosa, las personas que autorizaron dar su nombre son: Héctor Daminan Reyes Ortiz, delito secuestro, Juan Nieto García, homicidio, Oscar Ledesma Escalera, secuestro, Leonel Arellano Aguilar, violación y Jorge Seogecito Palacios homicidio.
Estos actos fueron avalados por las autoridades que formaron parte de acuerdo en lo oscurito y la manipulación de la Ley de Amnistía, que entre “Colectivos”, ¡Bodrios¡ como Todos por la Libertad, despachos de “abogados”, coyotes, defensores públicos, tenemos acreditado una derrama de más $4 millones de pesos que se obtuvieron extorsionando, lucrando, manipulando y engañando. Los “Colectivos” y el ¡Bodrio¡ también forman parte de la estrategia de haber mutilado y ocultado las bases de datos con el objetivo de debilitar y dañar a Presunción de Inocencia y Derechos Humanos, A.C (PIDH).
Nuestras solitudes fueron afectadas por esta estrategia en lo oscurito y para manipular la Ley de Amnistía pretendiendo favorecer a los “Colectivos y al Bodrio”, teniendo como operadora a la Secretaria Técnica de la Comisión de Amnistía de la LX Legislatura del Estado de México maestra en derecho Raquel del Consuelo Gómez Méndez.
Raquel del Consuelo Gómez Méndez quién de las 893 solicitudes de amnistía de PIDH que presentamos por escrito y anexamos las bases de datos, sin notificarnos y sin consultarnos la subió a la Plataforma de la Comisión de Amnistía de manera delibera no incluyó la bases de datos, en donde, se acreditaba la violación a derechos humanos, las fallas al sistema de justicia penal acusatorio y la presunción de que los delitos son fabricados, lo hizo de manera deliberada para que se hiciera notar que nuestras solicitudes estaban incompletas y mal formuladas, es decir las mutilaron.
En diversas manifestaciones y reuniones con los diputados Max Correa y Gerardo Ulloa presidentes de la Comisión en Materia de Amnistía de la LX Legislatura, se les hizo la observación y el reclamo del actuar de la Secretaria Técnica por mutilar nuestras solicitudes de amnistías, siempre lo negaron, sin embargo la verdad no tarda y se acreditó en los Amparos Indirectos esta infamia, de como nuestras solicitudes presentadas de manera escrita y anexamos nuestras bases de datos fueron mutiladas por Raquel del Consuelo Gómez Sánchez.
La mutilación de las solicitudes de amnistía de PIDH se acredita con la documental pública número de oficio 3013000000/EEER/551/2022, firmado por el Magistrado Ricardo Sodi Cuellar Presidente del Poder Judicial del Estado de México (PJED), asunto se remite respuesta al Diputado Sergio García Sosa, Presidente de la Comisión en Materia de Amnistía y en donde el Magistrado Sodi Cuellar informa lo siguiente: “1.- El seis de julio de la presente anualidad por esta misma vía y derivado de su escrito de petición, con fundamento en el artículo 17 de la Ley de Amnistía del Estado de México se informó que se habían recibido 1,151 opiniones consultivas que fueron recibidas vía electrónica y 405 por escrito”.
En este mismo sentido la Directora General de la Unidad Jurídica y Consultiva y Apoderada Legal del CODHEM Lcda. en D. Mara Krizia Beltrán Sánchez, en fecha 25 de noviembre de 2022 sin número de oficio, al rendir su informe justificado en el Amparo Indirecto 1688/2022 al Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, fue precisa y puntual la forma como la Comisión de Amnistía les envió a la CODHEM las solicitudes de amnistía: “Resulta imperativo destacar que a partir del siete de julio de dos mil veintiuno a la fecha de la emisión del presente acuerdo, se han recibido diversas solicitudes de opiniones consultivas presentadas por la Comisión Especial en Materia de Amnistía a esta Comisión de Derechos Humanos; a través del sistema electrónico implementado para tal efecto; y de forma física recibidas en el Departamento Oficialía de Partes de este organismo”. (el subrayado es mío)
Para el PJEM recibió 1,151 solicitudes de opiniones consultivas y que le fueron recibidas vía electrónica, pero la CODHEM señala que ha recibido diversas solicitudes de opiniones consultivas a través del sistema electrónico implementada para tal efecto, PIDH presentó el 80% de estas solicitudes por escrito y junto a sus bases de datos.
El PJEM y la CODHEM en ambos casos acreditan como la Secretaria Técnica de la Comisión Especial de Amnistía envío nuestras solicitudes por la Plataforma electrónica “implementada para tal efecto” con el objetivo de mutilarlas, hacer que fueron presentadas sin cumplir los requisitos como lo expreso Raquel del Consuelo Gómez Sánchez, que les faltaba carnita, cuando en los hechos ella mutilo la información, en donde se acreditaba que las y los PPL`s que representamos son falsos culpables por delitos de alto impacto, que son inocentes y que esta acción perversa y concertada o negociada en lo oscurito fue para pretender favorecer a los “Colectivos y al Bodrio” .
Pero la verdad de los hechos saldría durante los trece amparos indirectos colectivos y ante la insistencia de dos jueces de distrito a la autoridad responsable, es decir el diputado Sergio García Sosa Presidente de la Comisión en Materia de Especial de Amnistía, que quiso encubrir nuestra base de datos, finalmente el Diputado García Sosa no pudo ocultar la perversa estrategia de dañar a PIDH.
El documento con número de oficio SAP/CJ/1231/2022 de fecha 29 de noviembre de 2022 y dirigido al Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en Toluca, firmado por el Diputado Sergio García Sosa, en esta documental pública la autoridad responsable señaló “se remite copia certificada de los acuses de los oficios por los que se remitió la “base de datos” identificada como medios magnéticos a las instancias correspondientes”., y estas autoridades las recibieron con el oficio número CEMA/SGS/007/2021 de fecha 29 de noviembre de 2021 en el siguiente orden:
Maestra Myrna Araceli García Morón, presidenta de CODHEM; Licenciado en Derecho Alejandro Jaime Gómez Sánchez, FGJEM; Rodrigo Espeleta Aladro, Secretario de Justicia y Derechos Humanos del Estado de México; estos tres organismos recibieron la base de datos el 3 de diciembre de 2021 y el Doctor en Derecho Ricardo Sodi Cuellar Presidente del PJEM había recibido la base de datos el 21 de diciembre de 2021.
Si analizamos las fechas del 29 de noviembre de 2022 y las fechas del 3 de diciembre de 2021 y 21 de diciembre de 2021, pasaron 13 meses para que mediante un juez de distrito se acreditara como las negociaciones en lo oscurito tuvieron como objetivo perverso ocultar nuestras bases de datos de nuestras solicitudes mutiladas por Raquel del Consuelo Gómez Sánchez, en virtud de que no existe duda toda vez que la parte central de los documento de fecha 29 de noviembre de 2021, con número de oficio CEMA/SGS/007/2021 que recibieron los organismos antes señalados en fechas diversas de diciembre de 2021 y que en cada uno de los cuatro documentos se precisa lo siguiente: “me dirijo a usted atentamente para enviarle documentos en medios magnéticos para complementar los expedientes entregados con anterioridad por parte de Presunción de Inocencia y Derechos Humanos”, firma el diputado Sergio García Sosa.
Así mediante la estrategia jurídica exitosa de PIDH y mediante a trece juicios de amparos indirectos se quitaron las máscaras el PJEM, la FGJEM y la Secretaria de Justicia y Derechos Humanos del Estado de México, organismos que emitieron opiniones consultivas de nuestras solicitudes sin darnos la garantía de audiencia, establecida en el artículo 14 de la Constitución Federal, que establece otorgar al gobernado, es decir, a los falsos culpables por delitos de alto impacto.
Pero la exitosa estrategia jurídica de PIDH quedo demostrada en el amparo indirecto 1541/2021-I-B (página 14) y que nos dio un triunfo por decisión dividida, en virtud de que las opiniones consultivas desfavorable resueltas por la CODHEM, para el Juez de Distrito se trata de un simple acto de trámite, pero no se trata de la determinación definitiva o recomendación pública no vinculatoria, porque la misma se turnaría a la Comisión Especial en Materia de Amnistía y este órgano colegiado legislativo, a su vez resolver la recomendación de amnistía a la autoridad judicial como lo establece el artículo 18 de la Ley de Amnistía.
El “constitucionalista” Dr. Ricardo Sodi Cuellar en reiteradas ocasiones señaló que la amnistía la otorga al PJEM y el diputado Sergio García Sosa repetía como Patiño esta mentira y manipulación de la Ley de Amnistía, para el Juez de Distrito señala que esta facultad constitucional de amnistía le corresponde al Poder Legislativo y como lo establece el artículo 18 de la Ley de Amnistía tal y como siempre lo sostuvo PIDH concretamente en la primera reunión y última sobre el análisis y situación de la Ley de Amnistía del Estado de México.
Con esta resolución del amparo, quedo claro que para resolver el fondo del asunto se debe emitir la resolución final de la Comisión Especial en Materia de Amnistía, para los casos relevantes o de delitos de alto impacto, y no como los “Colectivos” y el Bodrio” que con una acción concertada con la CODHEM en tiempos de Jorge Olvera García negociaron en lo oscurito perdiendo desde un inicio sus 25 solicitudes de amnistía, eso sí lucrando y extorsionando, formando parte de la danza de más de $4 millones que les dejo engañar y manipular a los familiares de los PPL`s que dicen representaron.
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